La alternancia en el poder: uno de los principios democráticos celosamente guardados en los últimos 50 años de nuestra vida republicana, acatado –en la fachada– incluso por la dictadura de los militares, y cuya consolidación parte, entre otras razones, de los traumas generados por las dictaduras de los primeros 50 años del siglo pasado. Esta condición generó en la ciudadanía un rechazo exacerbado frente a cualquier intentona reeleccionista, especialmente presidencial, principio consagrado en nuestros textos constitucionales hasta el día de hoy. Esta actitud inflexible se ha ido relajando –en favor del desarrollo de la función pública– en el caso de cargos de menor jerarquía: diputados al Congreso de la República y alcaldes.
La Universidad de San Carlos tiene al respecto una condición particular: su legislación permite la reelección de sus autoridades, a la vez que socialmente es reconocida como el ente académico orientador de la vida nacional –por excelencia–; lo que la coloca en el imaginario popular como baluarte de la democracia y la dignidad nacional. Lo anterior pese al menoscabo que de la Carolingia han hecho los sucesivos rectorados de los últimos 25 años y los afanes reeleccionistas en algunas de sus facultades, que al culminar han propiciado el enquistamiento de grupúsculos de graduados cuyos intereses poco o nada tienen de relación con la vida académica, forjándose así un paralelismo entre decadencia, baja proyección social de la Usac, y el aseguramiento por grupos de interés –extrauniversitario– de la administración Carolingia.
Los vientos reeleccionistas han llegado –ahora– al rectorado de la Usac, en donde agentes de la actual Rectoría movilizan cuadros y recursos –aunque de forma aún no oficial– para promover la reelección del actual rector. Este hecho político en la Usac acarreará importantes consecuencias para la vida política nacional: primero, dejará a este ente sin capacidad para reaccionar o señalar actitudes del mismo tipo que puedan originarse en la esfera de los poderes públicos nacionales. Segundo, al irrespetar el principio de alternancia en el poder envía un mensaje equivocado a la ciudadanía, en detrimento de nuestra débil institucionalidad y principios democráticos. Tercero, se pierde la necesaria imparcialidad del rectorado universitario en el proceso electoral por la sucesión, amén del gravísimo riesgo de uso de los recursos universitarios para tal fin, y cuarto, el innegable peligro de transformar el rectorado –vistos los ejemplos en los decanatos– en feudo de concentración de poder.
Fuente: http://www.elperiodico.com.gt/es/20090917/opinion/114496/
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